El Congreso Nacional de Honduras aprobó anoche, en una tensa y caótica sesión nocturna, el inicio del juicio político contra el fiscal general del Estado, Johel Antonio Zelaya Álvarez, por presunto “desempeño grave en el cargo”. La moción fue admitida con 93 votos a favor, provenientes principalmente del Partido Nacional (49), el Partido Liberal (41) y diputados de otras bancadas, mientras que el partido Libertad y Refundación (Libre) se opuso y protagonizó disturbios dentro del hemiciclo.
La decisión del pleno legislativo implica la suspensión inmediata de Zelaya de sus funciones como titular del Ministerio Público. En su lugar, el fiscal adjunto Marcio Cabañas asumirá de forma interina la conducción de la institución. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, informó que la denuncia formal fue presentada por la Secretaría del Legislativo y que una Comisión Especial ya convocó al fiscal suspendido a comparecer este martes 25 de marzo en audiencia pública para que exponga su defensa.
Johel Zelaya reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales y declaraciones a la prensa. “Voy a ir de frente. En apego a la Constitución de la República, compareceré ante el Congreso Nacional cuando el pleno me convoque, para exponer la verdad y aclarar uno a uno los señalamientos que se han realizado”, afirmó. El fiscal aseguró que actuó siempre dentro del marco legal y que presentará pruebas para desvirtuar las acusaciones en su contra.
El proceso de juicio político se inició tras meses de tensiones entre el Ministerio Público y sectores políticos, especialmente por investigaciones de corrupción, narcotráfico y el manejo de casos de alto perfil. Diputados de Libre denunciaron que la medida busca debilitar la independencia del Ministerio Público, mientras que los promotores del juicio argumentan que responde a fallas graves en el desempeño de Zelaya.
Con esta aprobación, Honduras entra en una fase inédita: el Congreso deberá conformar una comisión investigadora que, en un plazo de 30 días, emitirá un dictamen sobre la destitución definitiva o la absolución del fiscal. El caso marca uno de los momentos de mayor confrontación institucional en los últimos años y mantiene en alerta a la opinión pública y a los organismos internacionales que siguen el respeto al Estado de derecho en el país.
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