En una sesión extraordinaria celebrada el 9 de enero de 2026, el Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo y con participación mayoritaria de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), aprobó un decreto que busca anular la declaratoria de resultados electorales emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 30 de diciembre de 2025, correspondiente a las elecciones generales del 30 de noviembre.
El decreto ordena un reconteo de actas supuestamente no contabilizadas y solicita acciones penales contra dos consejeras del CNE. La sesión, que se extendió hasta altas horas de la madrugada, contó con la presencia de diputados propietarios y suplentes de Libre, así como de la diputada suplente liberal Mireya Guillén y el diputado del Partido Anticorrupción (PAC) Osman Chávez. No asistieron las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y la mayoría del Partido Salvador de Honduras, quienes denunciaron irregularidades procedimentales y fueron impedidos de ingresar al hemiciclo por medidas de seguridad.
La oposición
En paralelo, más de 70 diputados opositores se reunieron en el sótano del Palacio Legislativo, presididos por Fátima Mena, y aprobaron una moción para solicitar a las Fuerzas Armadas la captura de Redondo por traición a la patria, argumentando que la sesión oficial usurpa competencias exclusivas del CNE.
El decreto, basado en una interpretación del artículo 205 numeral 7 de la Constitución de la República –que faculta al Congreso a realizar el escrutinio y declarar elecciones si el CNE no lo hace–, declara que el proceso electoral no fue concluido debido a actas no escrutadas e impugnaciones pendientes. Ordena al CNE realizar el reconteo inmediato de 4,774 actas: 306 a nivel presidencial, 2,620 para diputados y 1,848 para alcaldías.
En caso de incumplimiento por parte del CNE, el Congreso asumiría esta tarea. Además, exige resolver todas las impugnaciones presentadas en los tres niveles electorales y remitir los resultados al Congreso para una declaratoria final.
El informe de la Comisión Especial de Investigación, presentado por el diputado Ramón Barrios, sostiene que la declaratoria del CNE carece de base jurídica por no agotar el escrutinio, violando principios constitucionales como legalidad, certeza y transparencia. Se citan irregularidades como sesiones virtuales no reguladas, integración indebida de consejeros suplentes, interferencia externa (incluyendo mensajes del presidente estadounidense Donald Trump) y posibles delitos electorales durante el proceso.
Adicionalmente, el decreto instruye a la Comisión Especial a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para iniciar acciones penales contra las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, por no realizar un conteo completo.
Desde el sitio oficial del Congreso Nacional, se han publicado declaraciones que destacan irregularidades en el proceso electoral similares a fraudes de 2013 y 2017, incluyendo denuncias de consejeros suplentes del CNE sobre alteración de votos, lo que justificaría la intervención legislativa.
La oposición, por su parte, califica la medida como un intento de golpe institucional que subvierte la voluntad popular y viola la separación de poderes. El decreto requiere sanción y publicación en La Gaceta para entrar en vigor, y se aprueba a 12 días de la instalación del nuevo Congreso y 18 días antes de la toma de posesión prevista para el 27 de enero. Esta acción ha generado tensiones institucionales, prolongando la incertidumbre sobre los resultados electorales que declararon a Nasry Asfura (Partido Nacional) como ganador presidencial.
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