El Congreso Nacional de Honduras aprobó en la madrugada de este viernes, con 91 votos a favor, la admisión de la denuncia de juicio político contra el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, junto a varios suplentes. La decisión se tomó durante una tensa sesión que inició el jueves por la tarde y se extendió hasta las primeras horas del viernes.
Además de Ochoa y Morazán, el proceso alcanza a los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta (y en algunas versiones se menciona a Karen Rodríguez o Karen Álvarez como suplente del CNE). La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra, al igual que los diputados liberales Iroshka Elvir y Alejandro Canelas. Cuatro bancadas del Congreso respaldaron la medida.
Como consecuencia inmediata de la admisión del juicio político, los funcionarios denunciados quedan suspendidos de sus cargos mientras se desarrolla el proceso. El Congreso también nombró una comisión especial que se encargará de investigar las acusaciones y presentar los resultados al pleno.
Las denuncias contra Ochoa y Morazán se centran en supuestas actuaciones antidemocráticas, negligencia, incapacidad e irregularidades durante las elecciones generales de 2025. A Marlon Ochoa se le señalan, entre otros puntos, interrupciones en sesiones del CNE antes, durante y después de los comicios, así como posibles delitos de traición a la patria, sedición y abuso de autoridad. En el caso de Mario Morazán y los suplentes, se les acusa de faltas en el ejercicio de sus funciones dentro del TJE.
El proceso de juicio político busca determinar responsabilidades políticas de los funcionarios, quienes son cercanos al partido Libre. Desde el oficialismo se defiende la medida como un acto necesario para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de los órganos electorales. Desde Libre, en cambio, se califica como una persecución política contra sus representantes en las instituciones electorales.
El juicio político continuará en los próximos días con la etapa de investigación por parte de la comisión especial. De comprobarse las faltas, los funcionarios podrían ser destituidos de sus cargos. Esta decisión ocurre en un contexto de fuerte polarización política tras las controvertidas elecciones de 2025 y marca un nuevo capítulo de tensiones entre el Congreso y las autoridades electorales.
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