Estados Unidos declaró al colombiano Clan del Golfo como “organización terrorista extranjera”, al incluirlo en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado y sujetarlo a sanciones financieras y penales más severas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el Clan del Golfo, considerado la mayor banda criminal de Colombia, fue designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y “terrorista global especialmente designado”. Rubio describió al grupo como una “organización criminal violenta y poderosa”, cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína y a la que responsabiliza de atentados contra funcionarios, fuerzas de seguridad y civiles en Colombia.

Según el comunicado, la medida busca cortar el acceso del Clan del Golfo al sistema financiero internacional, bloquear cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y perseguir a quienes le brinden apoyo material. El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que su país “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles” para frenar las campañas de violencia y terror de cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
¿Quién es el Clan del Golfo?
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Ejército Gaitanista de Colombia, surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006. Con miles de integrantes, se consolidó como el grupo paramilitar y narcotraficante más poderoso del país, con fuerte presencia en el Urabá, la costa Caribe y corredores estratégicos hacia Centro y Norteamérica.

Además del narcotráfico, las autoridades le atribuyen extorsiones, minería ilegal, control de rutas de migración irregular y graves violaciones de derechos humanos en zonas rurales. Diversos informes señalan que el Clan ha intentado presentarse como actor político armado, emulando a guerrillas como las FARC o el ELN, pese a no tener un proyecto político claro.

Choque con la “paz total” de Petro
La designación llega en un momento clave para el gobierno de Gustavo Petro, que mantiene conversaciones con el Clan del Golfo en el marco de su política de “paz total”. Bogotá y la organización acordaron recientemente en Doha, Qatar, crear zonas temporales de reubicación de combatientes y avanzar en un esquema de sometimiento a la justicia con penas de prisión para sus principales líderes.

Analistas advierten que el sello de “grupo terrorista” puede complicar esas negociaciones, al endurecer el margen de maniobra del gobierno colombiano y exponer a los mandos del Clan a un mayor riesgo de extradición y persecución internacional. Aun así, Petro busca que los acuerdos avancen de forma “irreversible” antes de las elecciones presidenciales de 2026, en su intento de cerrar uno de los capítulos más violentos del conflicto armado colombiano.
Alcance e implicaciones regionales
La inclusión del Clan del Golfo en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras implica que apoyar al grupo —financiera, logística o políticamente— puede constituir un delito bajo la legislación estadounidense. También envía una señal a bancos, empresas y gobiernos de la región para extremar controles ante cualquier posible vínculo con esta estructura criminal.
En América Latina, la decisión se lee como parte de una estrategia más amplia de Washington para tratar a grandes cárteles y redes criminales transnacionales con el mismo estándar que a organizaciones terroristas clásicas. En el caso colombiano, el movimiento añade presión sobre el Clan del Golfo en medio de los diálogos y refuerza el mensaje de que cualquier acuerdo deberá incluir desmantelamiento real de sus economías ilegales y responsabilidad por sus crímenes.




















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