Las autoridades camboyanas anunciaron este miércoles la detención y extradición inmediata a China del empresario Chen Zhi, de 38 años, fundador y presidente del Prince Holding Group, señalado como uno de los principales cabecillas de una red transnacional de cibercrimen que involucra fraudes en línea, casinos ilegales y explotación laboral. La operación, resultado de una investigación conjunta de varios meses entre Camboya y China, representa un golpe significativo a las llamadas «granjas de estafas» en el sudeste asiático, aunque complica las aspiraciones de Estados Unidos de enjuiciarlo por cargos similares.
Chen Zhi fue arrestado el martes 6 de enero junto a otros dos ciudadanos chinos, identificados como Xu Ji Liang y Shao Ji Hui, en una redada coordinada por el Ministerio del Interior de Camboya. La extradición se ejecutó el mismo día o al siguiente, atendiendo a una solicitud formal de Beijing.
Previamente, en diciembre de 2025, las autoridades camboyanas revocaron la ciudadanía camboyana de Chen, que había obtenido años atrás, facilitando así su entrega a China. El Ministerio del Interior camboyano describió el caso como parte de una «investigación transnacional sobre delitos graves», sin detallar cargos específicos en su territorio, pero enfatizando la cooperación bilateral.
En China, la televisión estatal CCTV difundió imágenes impactantes de la llegada de Chen a Beijing: encapuchado, esposado y escoltado por agentes SWAT vestidos de negro al bajar de un avión. El medio lo presentó como el «líder de un gran sindicato transfronterizo de apuestas y fraude», sospechoso de múltiples delitos, incluyendo fraude, operación de casinos ilegales, negocios ilícitos y ocultación de ganancias criminales.
El Ministerio de Seguridad Pública chino confirmó la extradición y anunció que revelará más detalles en los próximos días, destacando su compromiso en la lucha contra el cibercrimen organizado. El caso de Chen Zhi ganó notoriedad internacional en octubre de 2025, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Según las autoridades estadounidenses, su conglomerado Prince Group servía como fachada para una operación que defraudó miles de millones de dólares en criptomonedas a través de estafas conocidas como «pig butchering» (engaños románticos seguidos de inversiones falsas).
La red, operada desde complejos en Camboya, involucraba a miles de trabajadores traficados y forzados a laborar en condiciones de esclavitud moderna, según informes del Tesoro estadounidense y el Foreign Office británico, que también lo sancionaron. Prince Holding Group, fundado por Chen en 2015, se presenta como un conglomerado diversificado con inversiones en bienes raíces de lujo, servicios bancarios (incluyendo Prince Bank), hoteles y desarrollos de infraestructura en Camboya.
Sin embargo, investigaciones periodísticas y gubernamentales lo vinculan a «centros de estafas» masivos, donde víctimas de todo el mundo eran engañadas mediante esquemas en línea. Este jueves, las autoridades camboyanas ordenaron la liquidación de Prince Bank, una medida que agrava el desmantelamiento de su imperio.
Analistas internacionales, citados por medios como CNN y Reuters, señalan que la extradición a China reduce drásticamente las probabilidades de que Chen enfrente justicia en Estados Unidos en el corto plazo, dada la falta de tratado de extradición entre Pekín y Washington, y el enfoque prioritario de China en casos de corrupción y fraude económico.
Este movimiento resalta la creciente cooperación entre Camboya y China en materia de seguridad, en un contexto donde Phnom Penh ha intensificado sus acciones contra las redes de ciberdelincuencia, a menudo operadas por nacionales chinos.
El arresto de Chen Zhi se enmarca en una oleada global contra las estafas en línea originadas en el sudeste asiático, que han afectado a millones de víctimas y generado pérdidas estimadas en decenas de miles de millones de dólares. Organizaciones como la ONU han denunciado el tráfico humano asociado a estos centros, donde trabajadores son reclutados con falsas promesas y retenidos bajo amenazas. Mientras tanto, el futuro de Prince Group permanece incierto, con posibles repercusiones en la economía camboyana, donde emplea a miles de personas en sectores legítimos.
Las autoridades chinas han prometido un proceso judicial transparente, aunque detalles sobre las acusaciones específicas y el inicio del juicio aún no se han divulgado. Este caso podría sentar precedentes en la persecución internacional de cibercriminales, en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a fraudes digitales.
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