El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció este jueves 12 de marzo de 2026 que firmará un decreto ejecutivo para anular los pasaportes diplomáticos y oficiales vitalicios que fueron otorgados a exfuncionarios del gobierno anterior, principalmente durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación (Libre).
En declaraciones a su regreso de una gira oficial por Estados Unidos y Chile, Asfura enfatizó: «Ya voy a firmar el decreto ejecutivo. Eso no puede ser y no podemos abusar de lo que no nos corresponde». El mandatario calificó la medida como un abuso de privilegios que no debe mantenerse, señalando que los pasaportes vitalicios —que incluyen beneficios para cónyuges y se extienden de por vida— fueron aprobados en los últimos meses del gobierno anterior mediante un reglamento de la Cancillería, liderado entonces por el excanciller Enrique Reina.
La polémica estalló tras revelarse que varios exfuncionarios de alto nivel, incluyendo algunos no directamente vinculados al servicio exterior, recibieron estos documentos, lo que generó críticas por considerarse un privilegio político innecesario y costoso para el Estado. Sectores como el Consejo Nacional Anticorrupción, analistas internacionales y diputados de oposición han calificado la práctica como un «abuso» que debe eliminarse, argumentando que los pasaportes diplomáticos deben limitarse estrictamente a quienes ejercen funciones activas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ya había iniciado una revisión del reglamento y solicitado la devolución de los documentos a los exbeneficiarios antes del 31 de marzo, conforme a normativas vigentes. Sin embargo, el anuncio presidencial acelera el proceso: el decreto ejecutivo eliminaría la figura de los pasaportes vitalicios de manera general, obligando a su devolución inmediata y revisión caso por caso.
Exfuncionarios del gobierno anterior, como el excanciller Enrique Reina, han defendido la medida al argumentar que se trata de una práctica histórica en Honduras desde hace más de 40 años, respaldada por normativas previas y no un beneficio nuevo. No obstante, la presión pública y las exhortaciones desde el Congreso Nacional —incluyendo mociones para retirar estos privilegios a quienes no corresponda— han inclinado la balanza hacia la anulación.
El gobierno de Asfura, que lleva poco más de un mes en el poder, busca con esta decisión enviar un mensaje de transparencia y eliminación de privilegios heredados, en línea con promesas de campaña contra el abuso de poder. Se espera que el decreto se publique en La Gaceta en las próximas horas o días, tras lo cual la Cancillería procederá a la cancelación efectiva y recuperación de los documentos.
Esta medida se suma a otras acciones recientes del Ejecutivo, como la revisión de estructuras gubernamentales y el énfasis en eficiencia administrativa. Analistas coinciden en que representa un paso hacia la reducción de gastos innecesarios y el fortalecimiento de la imagen de austeridad del nuevo gobierno.
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