La Comisión Técnica Liquidadora del gobierno del presidente Nasry Asfura Zablah informó este martes que concluyó el levantamiento de información en las siete instituciones estatales recientemente suprimidas, identificando a cerca de 1,997 trabajadores que serán cesanteados y estimando un monto superior a los 207 millones de lempiras para cubrir íntegramente sus prestaciones laborales e indemnizaciones.
El abogado Leonel Núñez, integrante de la comisión, explicó que el equipo técnico ya maneja cifras precisas sobre el personal afectado y los compromisos financieros pendientes. “Son más de 1,900 empleados que van a ser cesanteados”, precisó, al tiempo que detalló que se está realizando una auditoría minuciosa de las deudas cargadas en el sistema F-01, verificando que cada una cuente con el respaldo documental correspondiente antes de proceder a los pagos.
La comisión avanza paralelamente en la elaboración de un diagnóstico por institución para definir su destino final: algunas serán transferidas y adscritas a otras dependencias del Estado, mientras que otras entrarán en un proceso de liquidación total. “Hemos ido avanzando haciendo un diagnóstico en cada una de las instituciones, unas que van a ser adscritas, otras que van a ser liquidadas”, manifestó Núñez, reiterando que la presidencia ha dado instrucciones claras de garantizar el 100 % de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores durante esta reestructuración administrativa.
Además de las prestaciones laborales, los auditores revisan pagos pendientes por alquileres de edificios y rentas. En ese sentido, el Estado negocia la terminación anticipada o no renovación de contratos de arrendamiento próximos a vencer, con el fin de generar ahorros y redirigir esos recursos en el marco de la optimización del gasto público.
Núñez no ocultó que en la Secretaría de Planificación Estratégica se detectaron pagos que carecen de soporte documental completo, por lo que su veracidad deberá ser acreditada ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. “Esperamos que en este mes de marzo logremos concretar la cesantía de los 737 empleados que hay en esa Secretaría de Estado”, adelantó, aclarando que el total de personal cesanteado se irá reduciendo de forma progresiva conforme avancen los procesos.
La Comisión Liquidadora subrayó que el pago total de prestaciones forma parte de la política de transparencia y respeto a los derechos laborales impulsada por la actual administración, que busca eliminar duplicidades institucionales y fortalecer la eficiencia del aparato estatal sin menoscabo de las obligaciones contraídas con los empleados.
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