La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), presentó un requerimiento fiscal contra siete personas señaladas de integrar una estructura criminal que operaba desde la municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara, y que habría utilizado millonarios fondos públicos para enriquecimiento personal.
Durante allanamientos ejecutados en la zona norte, las autoridades capturaron a Pedro Armando Aguilar Orellana, exalcalde del municipio y actualmente recluido en el Centro Penal de Támara; Jesús Alberto Hernández Soliz, jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde por el Partido Liberal; Sandra Perdomo Castillo, regidora y pareja sentimental de Aguilar; Dania Iveth Villalvir Torres, tesorera; Ada Lizeth Pineda Villeda, auditora; Lourdes Borjas Maldonado, jefa de personal; y Elisa Castellanos Pineda, contadora municipal.
Las investigaciones establecen que Aguilar, pese a estar inhabilitado y en prisión desde 2023, habría dirigido la red mediante llamadas telefónicas. El exedil, electo por el partido Alianza Patriótica, ya estaba bajo la lupa por aparecer en un video junto a narcotraficantes condenados en Estados Unidos y el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez.
La estructura, integrada por funcionarios y personas de confianza, manipulaba documentos y cuentas municipales, autorizaba pagos irregulares, realizaba compras ficticias y cobraba sobornos a cambio de contratos de obras sobrevaloradas. Entre los bienes adquiridos con fondos públicos figuran dos vehículos de lujo, una vivienda y armas de fuego. También se detectó la compra simulada de mochilas para programas sociales, que nunca fueron entregadas a la comunidad.
El Ministerio Público indicó que los fondos desviados alcanzan montos millonarios, utilizados además para favorecer políticamente a Hernández Soliz. Los delitos imputados incluyen usurpación de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos, malversación por uso y administración desleal del patrimonio público.
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