El presidente Nasry Asfura defendió públicamente la entrega de apoyos económicos a diputados del Congreso Nacional, argumentando que la ley le faculta a realizar este tipo de ayudas para atender necesidades sociales de los legisladores y sus bancadas. Las declaraciones del mandatario surgen en medio de la fuerte polémica generada esta semana tras la denuncia de la diputada liberal Iroshka Elvir, quien reveló haber recibido un depósito de 100 mil lempiras proveniente de Casa Presidencial sin haberlo solicitado.
Elvir, quien mostró el cheque y el comprobante de depósito, calificó la transferencia como “maliciosa” y aseguró que nunca pidió recursos públicos. La legisladora liberal indicó que el dinero fue acreditado en su cuenta durante Semana Santa y que su intención es devolverlo de inmediato, ya que no forma parte de ningún acuerdo ni gestión personal. “Yo no pedí este depósito y en ningún momento lo solicitaría. Soy una mujer honesta y coherente”, declaró la congresista al exponer el caso públicamente.
Horas después, el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, admitió abiertamente que fue él quien gestionó la entrega de los 100 mil lempiras por diputado ante el gobierno de Asfura. Cálix explicó que la solicitud se hizo para atender “aspectos sociales” y “proyectos” de los miembros de su partido, y que este tipo de gestiones son habituales en su rol como coordinador de la bancada. Incluso adelantó que continuará solicitando apoyos similares, como canastas para el Día de la Madre a través de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).
Ante la controversia, el presidente Asfura justificó la acción asegurando que la normativa legal vigente le permite al Poder Ejecutivo brindar este tipo de ayudas a los diputados cuando estas responden a necesidades legítimas de apoyo social o institucional.
Según el mandatario, no se trata de bonos irregulares ni de compra de voluntades, sino de un mecanismo legal para fortalecer la relación entre los poderes del Estado y atender demandas de los representantes populares. “Bueno, la ley me lo otorga, hay un reglamento y es una potestad del presidente poder ayudar”, enfatizó Asfura en sus declaraciones.
La Casa Presidencial reforzó la versión del presidente al aclarar que la transferencia se realizó de forma institucional tras la solicitud formal de la bancada liberal. Sin embargo, la polémica ha generado duras críticas de diversos sectores. Diputados como Marlon Lara han exhortado a Asfura a no “manchar” su gobierno con este tipo de entregas, mientras analistas políticos y organizaciones han calificado la práctica como un posible mecanismo de influencia o corrupción que debe ser investigado por el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente después de la reciente aprobación de juicios políticos en el Congreso. Hasta el momento, Iroshka Elvir mantiene su decisión de rechazar y devolver el monto, mientras Jorge Cálix defiende las gestiones como parte normal del trabajo legislativo. El presidente Asfura, por su parte, ha cerrado filas en torno a la legalidad de las ayudas, aunque prometió mayor claridad en futuras entregas para evitar interpretaciones erróneas.
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