En una conferencia de prensa y publicaciones en redes sociales, Ochoa acusó directamente a figuras como el diputado Tomás Zambrano (Partido Nacional) y Jorge Cálix, de orquestar la persecución en su contra. Según el consejero, las motivaciones responden a sus denuncias previas sobre irregularidades en el proceso electoral de 2025, incluyendo la revelación de audios de supuesta conspiración, adulteración del sistema biométrico, violación del código fuente y un presunto fraude que habría beneficiado al Partido Nacional.
«Me persiguen porque demostré que el Partido Nacional no ganó las elecciones y revelé los audios de la conspiración y del fraude electoral en el CNE», afirmó Ochoa. Agregó que no aceptó «la injerencia extranjera ni el pacto de impunidad de las consejeras en el CNE», y que su postura le ha generado enemigos al estorbar «la verdad».
El consejero enfatizó que el objetivo del supuesto plan es apartarlo del cargo antes de que asuma la presidencia rotativa del CNE en septiembre (correspondiente por ley según el turno establecido). «Anuncio al pueblo hondureño que planifican mi destitución y blindar el fraude mediante un juicio político espurio en mi contra», declaró, insistiendo en que Honduras «no merece vivir entre trampas, fraudes y golpes».

Ochoa convocó a la prensa para este viernes a las 12:00 del mediodía (hora local) para revelar más detalles sobre el presunto complot, que describió como una continuación de un «golpe electoral» contra la ciudadanía. En publicaciones recientes, ha mantenido que continuará denunciando irregularidades sin callar.
La denuncia ha generado reacciones divididas: algunos sectores afines al Partido Libertad y Refundación (Libre) y críticos del Partido Nacional han apoyado a Ochoa, calificando la posible destitución como persecución política desproporcionada y un intento de silenciar testigos de supuestas anomalías electorales. Por otro lado, figuras como la diputada liberal Alia Kafati han respondido que «le llegó la hora de rendir cuentas» y que acusar de persecución es una forma de evadir responsabilidad por presuntas violaciones a la ley durante su gestión en el CNE.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el inicio de un juicio político en el Congreso Nacional, pero la tensión política en torno al CNE persiste, en un contexto de cuestionamientos recurrentes al proceso electoral de noviembre 2025 que llevó a la victoria de Nasry Asfura (Partido Nacional) en la presidencia.
El caso se suma a controversias previas de Ochoa, quien en marzo había denunciado incluso un supuesto plan de asesinato en su contra, señalando a la consejera Cossette López y a Zambrano, acusaciones que fueron rechazadas por los implicados como calumnias motivadas por desesperación ante un posible juicio político. El Ministerio Público ha sido instado por algunos a investigar de oficio las denuncias de Ochoa.















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