El Congreso Nacional aprobó por unanimidad un decreto de emergencia que faculta al Instituto de la Propiedad (IP) a realizar la compra directa de placas vehiculares metálicas, con el propósito de resolver la prolongada crisis de escasez que desde 2023 ha dejado a cientos de miles de vehículos circulando sin placas permanentes en todo el país.
La normativa, declarada como “Ley de Medidas Excepcionales para la Atención en el Sistema de la Propiedad Vehicular y la Seguridad Nacional”, habilita al Poder Ejecutivo —a través del IP— a contratar directamente con fabricantes internacionales o proveedores especializados, sin intermediarios locales innecesarios, amparado en el artículo 35 de la Ley de Contratación del Estado, que permite procesos directos en situaciones de emergencia o cuando involucran seguridad nacional.
El decreto busca adquirir placas con tecnología de seguridad avanzada (incluyendo elementos de rastreo y posiblemente compatibles con sistemas de lectura automática como ARCOs), servidores informáticos y herramientas para el monitoreo del parque automotor. Se estima que la dotación inicial cubra las necesidades del año 2026, con una reserva adicional para garantizar abastecimiento en 2027 y parte del siguiente período, alcanzando hasta 2 millones de unidades en total para eliminar la mora acumulada de los últimos tres años.
La crisis se agravó en la administración anterior por la falta de material y los retrasos en los procesos de licitación tradicionales, lo que obligó a entregar permisos temporales o placas provisionales de papel a más de 800,000 vehículos. Esta situación ha complicado el control vial, la identificación de automotores en hechos delictivos, la prevención del robo de vehículos y la recaudación de impuestos relacionados con el registro automotor.
Con la aprobación del decreto, se espera agilizar la entrega de placas físicas este mismo año, fortaleciendo la capacidad de la Policía Nacional, el 911 y otras instituciones para identificar vehículos en fronteras, aduanas y carreteras, y contribuyendo a mejorar la seguridad pública al reducir la circulación de automotores “en el anonimato”.
Las autoridades del Instituto de la Propiedad han reiterado su compromiso con la transparencia en la ejecución del proceso y han asegurado que los conductores hondureños contarán con placas metálicas permanentes en el corto plazo. El decreto ya fue ratificado en sesión plenaria tras debates en comisiones especiales y audiencias previas con representantes del IP.
Esta medida representa un paso clave para normalizar el sistema de registro vehicular en Honduras y atender una de las demandas más sentidas de los conductores y las fuerzas de seguridad. La implementación comenzará de inmediato para evitar mayores inconvenientes a la población.
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