La Policía Nacional abrió un proceso investigativo y administrativo contra cuatro de sus agentes, presuntamente implicados en el robo de 10 mil lempiras a un ciudadano en el departamento de Choluteca.
El caso salió a la luz tras una denuncia pública realizada por Juan Carlos Rivera, de 50 años, originario de aldea La Cruz de la comunidad de Linaca, en el municipio de Choluteca, quien relató que el pasado viernes, cerca de las 11 de la noche, fue sacado de su vivienda por un grupo de oficiales mientras descansaba. Según su testimonio, los agentes lo trasladaron hasta el sector de Residencial Villa Bertilia, donde lo rodearon y lo despojaron del dinero, para luego abandonarlo a varias cuadras de su hogar.
Rivera, propietario de una pulpería en la que también se venden bebidas alcohólicas, indicó que los policías justificaron la intervención basándose en la venta de estos productos. Sin embargo, él considera que la verdadera intención fue sustraerle el dinero, parte del cual estaba destinado a cubrir gastos médicos de su esposa, quien padece problemas de salud. También denunció haber sido víctima de un hecho similar anteriormente, en el que le robaron 2 mil lempiras.
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Familiares del afectado, incluyendo su madre y su hija, manifestaron preocupación por un patrón de acoso en su contra. La madre aseguró vivir con temor constante al escuchar patrullas cerca, mientras que la hija recordó un incidente de hace dos años en el que, estando embarazada, presenció la retención de su padre sin causa aparente. Según su relato, en aquella ocasión fue amenazada para borrar un video que documentaba el hecho.
Tras conocerse la denuncia a través de un medio de comunicación, la Policía Nacional desplegó personal para entrevistarse con el denunciante y recabar detalles. De acuerdo con la institución, ya se han identificado a los agentes sospechosos y se ha iniciado un procedimiento administrativo. En esta fase, se evaluará la responsabilidad de los implicados y, de confirmarse su culpabilidad, se aplicarán las sanciones previstas por la normativa interna, que podrían incluir la baja definitiva.
En el ámbito penal, la Policía Nacional aclaró que el caso no cuenta todavía con una denuncia formal ante el Ministerio Público, instancia que tendría la competencia para investigar el delito de robo y proceder judicialmente contra los responsables.
La institución reiteró que no tolerará actos de corrupción por parte de sus miembros y exhortó a la ciudadanía a presentar sus denuncias de manera oficial. También puso a disposición canales directos de comunicación con jefes departamentales para atender cualquier reporte de abuso policial, reafirmando su compromiso de depurar las filas y garantizar la confianza pública.
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