El ciudadano Juan Carlos Rivera, de 50 años, originario de la comunidad de Linaca en el municipio de Choluteca en la zona sur de Honduras, presentó una denuncia pública tras ser presuntamente víctima de robo por parte de agentes de la Policía Nacional.
Según su relato, el viernes por cerca de las 11 de la noche fue detenido por oficiales policiales mientras descansaba en su casa, lo llevaron en el sector de Residencial Villa Bertilia donde lo asaltaron y robaron 10 mil lempiras. Afirmó que cuatro policías hombres y mujeres lo rodearon, y lo despojaron de su dinero, posteriormente lo dejaron abandonado en una zona alejado «como a cinco cuadras» de su vivienda alrededor de la medianoche.
El afectado tiene una pulpería donde vende variedad de cosas incluyendo bebidas alcohólicas, entonces basado en la explicación de lo que relata es que los policías justificaron su arresto debido a que vende esos productos, lo cual le parece irónico ya que él no es el único que los vende, siendo así como los oficiales le habrían sacado de su casa para así robarle dinero.
Rivera sostuvo que teme por su seguridad y la de su familia, señalando que su esposa sufre de salud frágil, y que parte de ese dinero era para cubrir costos médicos y la situación económica del hogar. También relató que en una ocasión anterior le sustrajeron 2,000 lempiras bajo circunstancias similares.
Su madre y su hija expresaron preocupación ante un patrón reciente de acoso. La madre comentó que vive con temor incluso al escuchar una patrulla cerca de su casa. La hija recordó un incidente previo ocurrido hace dos años cuando ella estaba embarazada y al padre lo retuvieron sin motivo aparente en lo cual justificaron que era por escándalo público, asimismo ella dijo que no tenía sentido alguno ya que ellos estaban descansando en su casa, ella grabó el incidente y la amenazaron con hacerle daño si no lo borraba.
Respuesta institucional: proceso en marcha
La policía Nacional confirmó que, tras conocerse la denuncia en medios, se envió un oficial al domicilio del ciudadano para obtener su versión. Se inició un proceso administrativo interno, y se activaron protocolos para investigar el posible involucramiento de policías. Si los funcionarios resultan responsables, enfrentarán sanciones disciplinarias según lo previsto en la normativa institucional.
Adicionalmente, aunque aún no hay denuncia formal ante el Ministerio Público, las autoridades insistieron en la importancia de que el afectado formalice su queja ante el ente penal. Desde la institución reiteraron su disposición a recibir denuncias a través del comisionado departamental o líneas institucionales, advirtiendo que cualquier funcionario policial involucrado en actos irregulares será investigado y, de ser necesario, destituido.
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