La mañana de este miércoles se llevó a cabo un desalojo en la comunidad de San Juan Arriba, municipio de El Corpus, Choluteca, donde por varios años ha funcionado la mina artesanal conocida como La Cuculmeca.
Desde las primeras horas del día se desplegó un fuerte contingente policial en la zona para acompañar a la jueza ejecutora encargada de cumplir la orden judicial. También se hicieron presentes representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con el fin de verificar que el procedimiento se desarrollara conforme a la ley.
El origen del conflicto radica en la disputa de propiedad entre los hermanos Edas Salinas y Juan Nicanor Velásquez, quienes desde hace más de una década reclaman derechos sobre los terrenos donde opera la mina La Cuculmeca. Ambos aseguran tener títulos de dominio, pero tras un proceso judicial iniciado en 2012, los tribunales fallaron a favor de Salinas, otorgándole la titularidad de las tierras de aproximadamente 15 manzanas de tierra.
Las familias afectadas que se benefician
Durante la diligencia, trabajadores mineros expresaron preocupación por el impacto en sus medios de vida. Según cálculos locales, unas 600 familias dependen de las labores extractivas en el sector, aunque en años recientes el número de mineros activos se redujo por la baja rentabilidad y la migración de algunos pobladores al extranjero. Los afectados pidieron al gobierno garantizar alternativas de empleo, señalando que el cierre de la mina los dejará sin ingresos para sostener a sus familias.
La Policía Nacional informó que más de 260 agentes participaron en la operación, limitada a brindar seguridad y garantizar el cumplimiento de la orden judicial. El comandante departamental aclaró que la misión de la institución fue acompañar el proceso y fomentar el diálogo para evitar enfrentamientos.
La jueza ejecutora entregó formalmente la posesión del terreno a Edas Salinas, mientras se solicitó a los mineros abandonar la zona de manera pacífica. Aunque algunos accedieron a retirarse, otros manifestaron resistencia y apelaron a la intervención del gobierno central para encontrar soluciones que les permitan continuar trabajando.
El procedimiento concluyó con la firma del acta de entrega y la advertencia a los ocupantes de que un eventual retorno a la propiedad podría considerarse un delito de allanamiento. Sin embargo, en el lugar persiste la tensión por la incertidumbre laboral de cientos de familias que durante más de dos décadas han subsistido de la minería artesanal en La Cuculmeca.
Deja una respuesta