El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AHMON) aseguró que el embargo del 100% sobre las transferencias de Choluteca es ilegal y es resultado de «tráfico de influencia» de algunos jueces, no de una acción del gobierno nacional.
El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AHMON), Nelson Castellanos, aclaró y dijo que el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro no es responsable de los embargos que sufren municipalidades como la de Choluteca, argumentando que la culpa recae exclusivamente en el Poder Judicial.
El dirigente municipalista explicó que, si bien el gobierno continúa depositando las transferencias constitucionales que corresponden a la municipalidad, el sistema financiero estatal retiene el 100% de esos fondos debido a las órdenes de embargo de los jueces. Según su declaración, esta práctica es ilegal, ya que la ley establece que solo se puede embargar hasta un 40% de esos recursos.
«El gobierno no es culpable de eso… no es responsabilidad de Finanzas ni es responsabilidad del gobierno», afirmó con contundencia. «Quien está incumpliendo la ley es el juez, porque la ley habla del 40%. y eso lo hemos venido criticando nosotros porque somos municipalistas».
Señalamiento de corrupción judicial
Castellanos acusó directamente a jueces de actos irregulares. «Ahí hubo tráfico de influencias, tráfico de poder de algunos jueces», declaró, insinuando que las resoluciones que ordenan embargos totales son arbitrarias y exceden el marco legal del 40%.
Reconoció que este tipo de acciones judiciales no perjudican solo al alcalde de turno, sino a toda la población del municipio, que ve paralizados los servicios y proyectos por la falta de liquidez. «No le hacen daño a un alcalde, sino que le hacen daño a un pueblo», recalcó citando al alcalde de Choluteca Quintín Soriano.
Gestiones sin resultados
A pesar de las críticas, el representante de los municipios admitió que las gestiones realizadas ante la Corte Suprema de Justicia no han dado frutos. «Ya lo hicimos, ya luchamos, hemos tenido reuniones con la presidenta de la corte… queremos ver acción de parte de la corte de que se investiguen esos jueces». Hasta el momento, no se reportan investigaciones o sanciones contra los magistrados señalados.
La solución, según explicó, recae en la misma municipalidad, la cual debe liquidar sus deudas utilizando sus «fondos propios» generados por la administración local, ya que sus transferencias nacionales permanecen bloqueadas.
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