La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 5 de agosto una audiencia temática sobre la situación de la independencia judicial en Honduras, en el marco de su 196 período de sesiones en Washington. El espacio fue solicitado por organizaciones nacionales e internacionales que alertaron sobre el uso indebido del juicio político y otros problemas estructurales en el sistema de justicia.
Las organizaciones participantes, entre ellas la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos y Abogados Sin Fronteras Canadá, expusieron preocupaciones por la aplicación del juicio político contra el exfiscal general Johel Zelaya, autoridades electorales y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral.

Señalarón que estos procesos se realizaron sin adecuar la legislación a los estándares interamericanos establecidos en la sentencia del caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023.
También denunciaron la ausencia de un Consejo de la Judicatura independiente, la concentración de facultades administrativas en la Corte Suprema de Justicia, la falta de una ley de carrera judicial transparente y los traslados arbitrarios de operadores de justicia. Solicitaron la participación de la sociedad civil en las reformas en curso, la adecuación de la normativa a los estándares interamericanos y el fortalecimiento del monitoreo de la CIDH sobre el país.

La CIDH recordó que la independencia judicial es esencial para el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Destacó que la audiencia forma parte de su mandato de seguimiento a Honduras, país sobre el cual ha emitido informes y recomendaciones, varias de las cuales permanecen pendientes de cumplimiento.
El Estado hondureño presentó información sobre reformas institucionales recientes, expresó disconformidad con el propósito de la audiencia y reiteró su disposición a mantener la cooperación con el sistema interamericano. La Comisión reafirmó su competencia para monitorear la independencia judicial como elemento clave de la democracia.





















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