En un giro inesperado en el caso Koriun Inversiones, un juez dejó sin valor y efecto la resolución que permitía a Iván Abad Velásquez Castro, gerente general y representante legal de la empresa, defenderse en libertad tras el pago de una fianza de 25 millones de lempiras.
La decisión fue tomada este miércoles 1 de abril de 2026, luego de que el Ministerio Público presentara los recursos legales correspondientes para impugnar el cambio de medidas cautelares otorgado apenas un día antes. Con esta revocación, Velásquez deberá permanecer en prisión preventiva en el centro penal de Támara mientras continúa el proceso judicial en su contra.
El juez que emitió la revocatoria argumentó la gravedad de los delitos imputados, entre ellos lavado de activos, asociación para delinquir y otros relacionados con operaciones financieras irregulares. La resolución busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y evitar cualquier riesgo de fuga o interferencia en el caso.

Velásquez había obtenido el cambio de medidas el martes 31 de marzo, tras una audiencia en la que su defensa presentó pruebas y garantías, incluyendo el pago en efectivo y el traspaso de un terreno como caución adicional. Sin embargo, el Ministerio Público reaccionó de inmediato y solicitó la revisión, argumentando que las medidas sustitutivas no eran procedentes dada la naturaleza del caso.
Este nuevo capítulo se suma a la investigación ordenada por la Presidencia del Poder Judicial sobre las actuaciones en el expediente de Koriun Inversiones y otros casos de alto impacto. La Supervisión General del Poder Judicial ya analiza el trámite inicial del cambio de medidas.
Miles de inversionistas afectados por Koriun han seguido con atención estos movimientos judiciales. Algunos exsocios expresaron su inconformidad con la liberación inicial, mientras que otros demandan una solución integral que permita la devolución de los fondos entregados a la empresa.
El caso Koriun Inversiones estalló en 2025 tras denuncias de miles de personas que entregaron sus ahorros con la promesa de altos rendimientos mensuales. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) intervino la compañía al considerar que operaba sin regulación ni garantías suficientes.
Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene las acusaciones contra Velásquez y otros involucrados. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la nueva resolución y los recursos que podrían presentarse.
La decisión judicial ha generado un intenso debate sobre la transparencia en el sistema de justicia hondureño, especialmente en casos que afectan directamente a miles de familias. El proceso continúa abierto y se mantiene la expectativa por las próximas audiencias.

















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