La Presidencia del Poder Judicial anunció este miércoles una investigación inmediata sobre las actuaciones judiciales en el caso Koriun Inversiones, así como en otros expedientes de alto impacto social y económico.
La medida busca revisar de manera exhaustiva el cambio de medidas cautelares otorgado al gerente general de la empresa, Iván Abad Velásquez Castro, y verificar el cumplimiento del debido proceso y la legalidad de las resoluciones emitidas.
A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el Poder Judicial indicó que la Supervisión General será la encargada de realizar la revisión. Entre los aspectos que se analizarán se encuentran el cambio de prisión preventiva a medidas sustitutivas (fianza de 25 millones de lempiras y otras restricciones) que permitió a Velásquez defenderse en libertad, decisión que generó fuerte controversia y críticas de diversos sectores, incluyendo inversionistas afectados y autoridades del Congreso Nacional.
Esta orden de investigación surge apenas horas después de que la Corte Suprema de Justicia, a través de un juez penal, autorizara la salida de Velásquez del centro penal de Támara. La liberación ha sido cuestionada públicamente por miles de personas que entregaron sus ahorros a la empresa y que exigen la devolución de sus fondos. Políticos como el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, habían calificado el fallo como “incomprensible” y ligado a posibles irregularidades en la designación de jueces.
La Presidencia del Poder Judicial enfatizó que la supervisión abarcará no solo el caso Koriun, sino también otros procesos de relevancia nacional, con el objetivo de garantizar la transparencia, la independencia y el respeto al debido proceso en el sistema judicial hondureño.
Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene la acusación contra Velásquez y otros involucrados por presuntos delitos financieros. Mientras tanto, los inversionistas afectados continúan sus protestas y caravanas exigiendo justicia y soluciones concretas a sus pérdidas.
Se espera que en las próximas horas la Supervisión General del Poder Judicial informe sobre los avances de esta investigación y los plazos establecidos para su conclusión. Esta acción representa un intento de la máxima autoridad judicial por restablecer la confianza ciudadana en las instituciones tras el polémico cambio de medidas cautelares en uno de los casos más sensibles de los últimos meses en Honduras.
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