El dirigente del sector transporte Wilmer Cálix solicitó formalmente una reunión con el presidente Nasry «Tito» Asfura para abordar los principales desafíos del rubro en este 2026, recién iniciado el nuevo gobierno.
Cálix, representante clave de los transportistas urbanos, enfatizó que el sector espera soluciones concretas en temas de seguridad, modernización y continuidad de políticas que eviten impactos negativos en la población.
Según Cálix, la expectativa principal radica en avanzar hacia un transporte público más seguro y eficiente. Propuso implementar de inmediato un proyecto piloto en al menos una ruta de Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula, que incluya pago electrónico, botones de pánico y medidas de seguridad en las unidades.
“Creemos que este 2026 mínimo en Tegucigalpa una ruta y otra en San Pedro Sula se debe echar a andar y demostrar cuál es el demo que va a replicar en estas dos ciudades”, manifestó el dirigente, destacando que esta iniciativa podría lanzarse en el año en curso para que la ciudadanía conozca y adopte sistemas más modernos. Otro punto crítico es la incertidumbre sobre los subsidios a los combustibles, que el gobierno anterior mantuvo para mitigar alzas en precios.
Cálix urgió claridad sobre si se continuarán estas medidas, ya que cualquier eliminación afectaría directamente al transporte público y a la canasta básica. “La expectativa más grande que nosotros tenemos es que el gobierno fije políticas que no vengan a golpear al pueblo hondureño”, expresó, recordando que incrementos en combustibles elevan costos de repuestos, cuotas bancarias y, en última instancia, la tarifa real del pasaje.
En caso de no llegar a acuerdos con las autoridades centrales, Cálix advirtió sobre la posibilidad de que los transportistas cobren la “tarifa real” en las calles, lo que implicaría un aumento de hasta tres lempiras en varias ciudades. Por ejemplo, en Tegucigalpa el pasaje podría pasar a 16 lempiras.
Esta amenaza se enmarca en un contexto donde la eliminación del subsidio de 10 lempiras al combustible (vigente en administraciones previas) ya genera preocupaciones inflacionarias y presiones económicas para hogares y operadores.
El sector transporte ha enfrentado estancamientos históricos en la modernización, especialmente en Tegucigalpa, donde proyectos de renovación de flota y sistemas integrados han avanzado poco. En San Pedro Sula, hubo intentos previos de planes para reducir congestión vial y mejorar el flujo, pero persisten retos como la falta de tecnología y responsabilidad compartida.
Cálix insistió en que el nuevo gobierno debe impulsar estas reformas para evitar paros o conflictos, como los vistos en años anteriores por incumplimientos en bonos o subsidios. La petición de diálogo llega en un momento de transición política, con el gobierno de Asfura asumiendo el 27 de enero de 2026 y aún sin definiciones claras sobre subsidios energéticos y de combustibles.
Analistas señalan que mantener algún mecanismo de apoyo focalizado podría proteger el empleo en el transporte y la producción, pero la falta de anuncios oficiales genera inquietud en el gremio.
Wilmer Cálix reiteró que los transportistas están dispuestos a colaborar, pero exigen políticas equilibradas que prioricen al usuario final sin sobrecargar al sector. La respuesta del Ejecutivo a esta solicitud será clave para definir si el 2026 marca un avance real en la modernización y estabilidad del transporte público hondureño.
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