El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), presentó requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial, al emitir resoluciones contrarias a la ley en el marco de un proceso de inscripción de candidatos a diputados.
De acuerdo con las investigaciones, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano tras haber emitido una opinión pública sobre un expediente que aún no conocía formalmente en el Pleno del TJE. Pese a ello, junto con la magistrada Barahona Rodríguez, resolvió la recusación de manera irregular y sin seguir el procedimiento legal establecido.
El Ministerio Público señala que el 27 de octubre ambos magistrados resolvieron la recusación “de forma arbitraria y antojadiza”, sin conformar el quórum requerido ni cumplir los pasos que ordena la Ley Orgánica y Procesal Electoral, como la creación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión del expediente y la convocatoria de un magistrado suplente.
La resolución, además de ser contraria a la normativa interna del Tribunal, carece de validez jurídica, ya que Flores Urrutia participó en una decisión sobre una recusación presentada en su contra, algo expresamente prohibido por la ley.
El 28 de octubre, los magistrados dictaron sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos presentados y ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción inmediata de dos ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional, sin que el Pleno estuviera debidamente integrado. La normativa exige la participación de los tres magistrados para emitir resoluciones válidas, pero en este caso no se convocó al tercer propietario ni a un suplente.
Tras la inadmisibilidad del antejuicio declarada por la Corte Suprema de Justicia, al determinar que los magistrados del TJE no gozan de inmunidad especial y pueden ser acusados directamente, la UECDE presentó el requerimiento fiscal correspondiente.
Con esta acción, el Ministerio Público solicita que la causa sea conocida por un juez natural, quien determinará la responsabilidad penal de los magistrados por presuntamente haber dictado resoluciones contrarias a la ley y vulnerar los principios de legalidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Deja una respuesta