El gobierno de la presidenta Xiomara Castro amplió por 45 días más el estado de excepción parcial, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad destinada a combatir la delincuencia organizada y reducir los índices de violencia en el país. La medida fue oficializada mediante el decreto ejecutivo PCM-24-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta.
Con esta ampliación, los hondureños acudirán a las urnas en un contexto de restricciones parciales de derechos constitucionales. Las autoridades de seguridad confirmaron que el proceso electoral se desarrollará con normalidad, ya que la disposición tiene como propósito reforzar la seguridad en todo el territorio nacional y no interferir en el ejercicio del voto.
La Policía Nacional desplegará más de 24,000 agentes y 2,600 vehículos en los 298 municipios del país, en coordinación con las Fuerzas Armadas, para garantizar el resguardo de los centros de votación y apoyar en la distribución del material electoral.
De acuerdo con los reportes institucionales, el estado de excepción ha permitido una reducción de más de 300 homicidios en comparación con el año anterior. Las autoridades sostienen que esta política ha sido la herramienta más efectiva en la lucha contra el crimen, pese a la falta de reformas legales solicitadas al Congreso Nacional.
El gobierno argumenta que la medida forma parte de una estrategia sostenida de control y prevención del delito, mientras que sectores sociales y jurídicos mantienen reservas sobre su aplicación prolongada durante el proceso electoral, señalando posibles riesgos para los derechos ciudadanos.
El estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, continuará siendo una pieza central en la política de seguridad del gobierno, en medio de un ambiente político marcado por la preparación de las elecciones y el reforzamiento de los operativos de control en todo el país.
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