La presidenta de la Red de Abogadas de Choluteca, Denia Castillo, respondió este jueves a las declaraciones del alcalde Quintín Soriano, quien acusó al Ministerio Público de emprender una supuesta persecución política en su contra, por lo la cual la jurista determina que es gracias a la presión social que hasta ahora se le inicie un proceso legal en su contra por varias denuncias rezagadas desde hace muchos años.
Castillo negó rotundamente esta versión y explicó que lo que existe es una investigación judicial formal por denuncias de violaciones a derechos humanos, corrupción administrativa y abuso de autoridad que arrastra Soriano desde 2012.
«Nosotras no somos quién para perseguir al señor alcalde políticamente porque ya expliqué, persecución política hemos tenido en nosotras por la defensa de los derechos humanos, la defensa del territorio, la lucha contra las empresas extractivas en la región, persecución política la hemos tenido en nosotras. El señor alcalde lo que hay es una investigación realizada por el Ministerio Público, no persecución política» sostuvo.
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Castillo afirmó que antes de involucrarse realizaron una investigación independiente durante seis meses y encontraron “hallazgos relevantes” que fueron presentados a las autoridades. A partir de esos insumos, el Ministerio Público comenzó diligencias preparatorias para un posible requerimiento fiscal contra Soriano y miembros de la anterior corporación municipal.
“Hay denuncias por abuso de autoridad, por una concesión de forma irregular, y que se aprobó de forma irregular, hay denuncias directas contra la corporación municipal que por acción u omisión firmaron algunos documentos de forma irregular en una concesión que no fue socializada»
La jurista también manifestó su preocupación por recientes declaraciones del alcalde, quien habría dicho que “de la cárcel se puede salir, del cementerio no”, lo que ella calificó como amenazas veladas contra quienes exigen justicia.
Castillo negó que el cambio de fiscales en el Ministerio Público haya sido el detonante de las acciones judiciales. “Es la presión popular, el empoderamiento jurídico que tiene la gente de los mercados porque el movimiento social ha hecho un acompañamiento bastante efectivo en temas de derechos y les ha mostrado cuáles son los derechos violados, qué la lucha tiene sentido y también el tema de ilegalidad, yo creo que esto ha permitido que el día de hoy esté siendo puesto en el banquillo de los acusados verdaderamente el señor alcalde»
En relación a los señalamientos sobre una posible inhabilitación de Soriano para participar en futuras elecciones, la abogada recordó que hay denuncias contra el edil desde 2012 dejando entre líneas que sí se hubieran investigado oportunamente, él ya estaría inhabilitado.
Finalmente, lamentó la falta de voluntad del alcalde para resolver el conflicto aduciendo que se ha negado al diálogo, asimismo manifestó que la gente del mercado ha querido entregar la alcaldía, pero él no se presenta lo que entienden de que no hay intención de resolver el problema.
Castillo solicitó la intervención de instancias como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación para facilitar una salida pacífica al conflicto, que ya cumplió un año.
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