Autoridades trasladan a más de 350 reos sentenciados y reubican a procesados de Nacaome, en una nueva estrategia penitenciaria nacional
Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) informaron que el Centro Penal de Choluteca ha sido reconfigurado y funcionará a partir de ahora únicamente para personas privadas de libertad en condición de procesados, es decir, aquellas que aún no han recibido una sentencia definitiva.
La medida es parte de un proceso de clasificación nacional de reclusos que inició el miércoles 21 de mayo del 2025 con el traslado de más de 350 privados de libertad desde y hacia centros penales de la zona sur del país, como parte de una reestructuración ordenada tras la intervención militar en el sistema penitenciario.
Según autoridades penitenciarias, 229 personas con sentencias mayores a 10 años fueron trasladadas al Centro Penal de Siria en Francisco Morazán, mientras que 123 varones y 10 mujeres sentenciados fueron remitidos al centro penal de Nacaome, Valle. A su vez, desde Nacaome fueron enviados al penal de Choluteca 123 varones y 10 mujeres en condición de procesados, elevando la población actual de este centro a 625 internos.
“Procesado es quien aún espera una sentencia, mientras que el sentenciado ya tiene una condena firme. Este centro ahora recibirá exclusivamente a los procesados de Choluteca, San Lorenzo y Nacaome”, explicó un portavoz penitenciario.
La medida busca ordenar el sistema carcelario y mejorar las condiciones de los internos, de acuerdo con el INP. Los procesados permanecerán en este centro mientras se define su situación legal, lo cual podría extenderse incluso por más de dos años en prisión preventiva, según la gravedad del delito.
Las autoridades señalaron que los familiares pueden acudir a los centros penales de la región sur para obtener información sobre la ubicación y condición jurídica de los privados de libertad.
“Estamos informando a juzgados, organismos de derechos humanos y familiares sobre los movimientos realizados. Este proceso comenzó desde la madrugada y aún estamos reubicando a los internos en los distintos módulos”, añadieron las autoridades.
El nuevo modelo de reclusión responde a una política de segregación penitenciaria por condición jurídica, con el objetivo de evitar hacinamiento, mejorar la administración y garantizar el respeto a los derechos humanos dentro del sistema carcelario hondureño.
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