Anoche 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador fue escenario de un evento histórico y altamente controversial, al aprobar de forma expedita una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Con 57 votos a favor y solo 3 en contra, el bloque legislativo liderado por el partido oficialista Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, ratificó una serie de cambios que transforman profundamente el sistema político salvadoreño.
La reforma, aprobada y ratificada en una misma jornada, modificó los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, eliminando no solo el límite a la cantidad de mandatos presidenciales, sino también la obligatoriedad de la segunda vuelta electoral y extendiendo el periodo presidencial de cinco a seis años.
Además, se decidió acortar el mandato presidencial vigente, previsto inicialmente hasta 2029, para concluir ahora en 2027. Así, todas las elecciones nacionales –presidenciales, legislativas y municipales– coincidirán en la misma fecha en marzo de 2027.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, celebró la decisión como una “acción histórica”, mientras diputados oficialistas defendieron que el poder de decidir recae únicamente en el pueblo salvadoreño a través del voto. “Solamente ustedes van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente”, expresó la diputada Ana Figueroa, justificando la eliminación de restricciones para la presidencia con el argumento de que otros cargos de elección popular, como diputados y alcaldes, ya gozan de tal posibilidad.
Sin embargo, la reacción opositora no se hizo esperar. Marcela Villatoro, diputada de Arena, afirmó que “ha muerto la democracia en El Salvador”, acusando al oficialismo de actuar de manera cínica y a escondidas durante una semana de vacaciones. Otras voces, como la de Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, advirtieron que el país recorre “el mismo camino que Venezuela”, favoreciendo la concentración del poder y el deterioro de la democracia.
El contexto de la reforma también está marcado por acusaciones de represión a opositores y defensores de derechos humanos, así como una profunda división social. El presidente Bukele, quien asumió el poder en 2019 y había asegurado inicialmente que no buscaría más mandatos, se reeligió en 2024 tras una reinterpretación judicial de la Constitución y, con esta aprobación, ha quedado habilitado oficialmente para buscar un tercer periodo y tantos como desee en el futuro.
La comunidad internacional observa con preocupación este giro autoritario en El Salvador, mientras parte de la población sigue respaldando a Bukele por su exitosa política de seguridad, aunque organizaciones de derechos humanos critican los métodos empleados. La nueva realidad política salvadoreña inaugura una etapa incierta, con la reelección presidencial indefinida y el control absoluto de las instituciones por parte del oficialismo como nuevos rasgos de la democracia local.
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